<h2 class="ql-align-justify">¿Qué es la contratación pública?</h2>La contratación pública es el proceso mediante el cual las entidades del Estado adquieren bienes, contratan servicios o ejecutan obras para satisfacer necesidades públicas. Este proceso está regulado por un marco normativo que busca garantizar transparencia, eficiencia y competencia en la gestión de los recursos públicos. Su objetivo principal es asegurar que las adquisiciones estatales contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad ---INDICE--- Con la promulgación de la<a href="https://cearlatinoamericano.pe/normas-legales/Ley-32069-Contrataciones-Publicas.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(204, 51, 102);"> </a><a href="/normas-legales/Ley-32069-Contrataciones-Publicas.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069)</a>, se han introducido cambios normativos significativos en el sistema de adquisiciones del Estado. Uno de los aspectos más relevantes es la actualización de los principios rectores que regirán los procesos de contratación a partir de abril de 2025. Entre ellos, destaca la incorporación del principio de «valor por dinero», orientado a optimizar el uso de los fondos públicos. <h2 class="ql-align-justify">¿Qué es el principio de «valor por dinero»? </h2>El principio de «valor por dinero» es un criterio introducido en la <a href="/normas-legales/Ley-32069-Contrataciones-Publicas.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ley N° 32069</a>, que busca optimizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Su objetivo es garantizar que las adquisiciones estatales no se basen únicamente en el menor precio, sino también en la calidad, sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo. Este principio se aplicará a partir de abril de 2025 y tiene como finalidad mejorar la gestión del gasto público. Bajo este enfoque, las entidades contratantes deben evaluar el costo total y el impacto a largo plazo de cada contratación. Esto implica considerar aspectos como la durabilidad, costos operativos, mantenimiento, impacto ambiental y beneficio social de los bienes, servicios u obras adquiridos. De esta manera, se busca evitar que decisiones basadas únicamente en el menor precio generen costos adicionales o deficiencias en el futuro. La aplicación de este principio fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, exigiendo que las decisiones de contratación sean justificadas en función del beneficio global que aportan. Asimismo, incentiva la competencia e innovación, promoviendo propuestas más eficientes y sostenibles por parte de los proveedores. Con este nuevo enfoque, la contratación pública busca maximizar el impacto social y garantizar el uso responsable de los fondos públicos. <h2 class="ql-align-justify">¿Por qué es importante la implementación de este principio? </h2>La implementación del principio de «valor por dinero» en la contratación pública es fundamental para asegurar un uso eficiente y estratégico de los recursos estatales. Su aplicación no se limita a seleccionar la oferta más económica, sino que busca maximizar el beneficio total de cada contratación. Esto permite que las adquisiciones del Estado respondan mejor a las necesidades de la población y contribuyan al desarrollo sostenible. Este principio también mejora la calidad y sostenibilidad de los bienes, servicios y obras contratadas, al considerar factores como durabilidad, costos operativos, impacto ambiental y beneficio social. De esta manera, se evitan problemas como la adquisición de productos de baja calidad o la ejecución de obras con deficiencias técnicas que requieran correcciones costosas en el futuro. Evaluar el ciclo de vida de los proyectos permite fortalecer la planificación y gestión del gasto público. Además, su implementación fomenta transparencia, rendición de cuentas y mayor competencia en los procesos de contratación estatal. Al exigir que las entidades justifiquen sus decisiones en función del beneficio global y no solo del precio, se reducen riesgos de corrupción y sobrecostos injustificados. Con este enfoque, se mejora la eficiencia del Estado y se fortalece la confianza en la gestión de los fondos públicos. Además, su implementación fomenta transparencia, rendición de cuentas y mayor competencia en los procesos de contratación estatal. Al exigir que las entidades justifiquen sus decisiones en función del beneficio global y no solo del precio, se reducen riesgos de corrupción y sobrecostos injustificados. Con este enfoque, se mejora la eficiencia del Estado y se fortalece la confianza en la gestión de los fondos públicos. <h2 class="ql-align-justify">¿Cuáles son los desafíos para implementar este principio? </h2>En nuestro país, uno de los principales desafíos en la implementación del principio de «valor por dinero» es la cultura de contratación basada en el menor precio. Históricamente, muchos procesos de adquisición han priorizado la oferta económica más baja, sin evaluar otros factores clave como calidad, sostenibilidad y costos de mantenimiento. Cambiar esta práctica requiere una transformación en la forma en que las entidades evalúan y adjudican contratos. Otro reto importante es la capacitación y preparación del personal encargado de las contrataciones públicas. La correcta aplicación de este principio exige que los funcionarios tengan criterios técnicos y metodologías adecuadas para evaluar el valor a lo largo del ciclo de vida de un bien, servicio u obra. Sin el conocimiento adecuado, existe el riesgo de que las evaluaciones sean subjetivas o mal aplicadas, lo que podría afectar la eficiencia del proceso. Finalmente, su implementación demanda nuevas herramientas y mecanismos de evaluación, lo que implica ajustar normativas, desarrollar metodologías claras y fortalecer la fiscalización. Además, se requiere transparencia y rendición de cuentas para evitar interpretaciones arbitrarias que puedan dar lugar a irregularidades o sobrecostos injustificados. A pesar de estos desafíos, su correcta aplicación puede mejorar significativamente la eficiencia y el impacto de la contratación pública. Finalmente, su implementación demanda nuevas herramientas y mecanismos de evaluación, lo que implica ajustar normativas, desarrollar metodologías claras y fortalecer la fiscalización. Además, se requiere transparencia y rendición de cuentas para evitar interpretaciones arbitrarias que puedan dar lugar a irregularidades o sobrecostos injustificados. A pesar de estos desafíos, su correcta aplicación puede mejorar significativamente la eficiencia y el impacto de la contratación pública. <h2 class="ql-align-justify">Conclusiones</h2>La incorporación del principio de «valor por dinero» en la <a href="Ley N° 32069" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ley N° 32069</a> marca un cambio significativo en la contratación pública en Perú. Este enfoque busca que las decisiones de adquisición no se basen únicamente en el menor precio, sino que prioricen la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los bienes, servicios y obras contratadas. Su implementación permitirá mejorar la planificación y gestión de los recursos estatales, asegurando que cada contratación genere el mayor beneficio posible para la sociedad. Si bien este principio ofrece grandes ventajas, su aplicación enfrenta desafíos relacionados con la cultura de contratación, la capacitación del personal y el desarrollo de metodologías claras para su evaluación. Es necesario que las entidades públicas adopten mecanismos adecuados para evaluar el costo total de propiedad, la calidad y el impacto a largo plazo de cada contratación. Para ello, será fundamental la capacitación de los funcionarios y el fortalecimiento de los procesos de supervisión y fiscalización. En conclusión, el principio de «valor por dinero» representa una oportunidad para modernizar la contratación pública, promoviendo mayor transparencia, eficiencia e innovación en la gestión de los fondos públicos. Su correcta aplicación no solo beneficiará a las entidades del Estado, sino que contribuirá al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política, la capacitación técnica y la adopción de herramientas adecuadas para su evaluación y control.

Ley Nº 32069: Ley General de Contrataciones Públicas

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Medina Flores, J. C. (2023). Contratos Estándares Internacionales de Construcción: apuntes para una eventual regulación de estos modelos en la normativa de Contrataciones del Estado. Revista Ius Et Veritas, (66), 137-148.

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