Resumen
Con la implementación del Reglamento de la Ley N.º 32069, se introducen nuevos estándares en la conformación de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) y los requisitos para los adjudicadores en la contratación pública. Estas juntas son clave para prevenir y resolver controversias en proyectos públicos, fortaleciendo la transparencia, eficiencia y sostenibilidad de los contratos. Aquí exploramos sus características principales y la importancia de las habilidades blandas en este proceso.
Introducción
La contratación pública en Perú ha dado un giro importante con el Reglamento de la Ley N.º 32069, que incorpora las JPRD un mecanismo diseñado para abordar disputas de forma consultiva o decisoria. Estas juntas son una herramienta poderosa para abordar conflictos de manera temprana y técnica, priorizando la confianza y eficiencia en los proyectos. Con este avance, se busca optimizar recursos, reducir riesgos y mejorar la gestión pública.
Estos cambios regulatorios se aprobaron mediante el Decreto Supremo Nº 009-2025-EF.
Las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD)
Las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) son un mecanismo especializado introducido en el Reglamento de la Ley N.º 32069 para gestionar y resolver conflictos en contratos públicos. Estas juntas tienen un doble propósito: prevenir controversias antes de que escalen y resolverlas de forma técnica, objetiva y rápida cuando ya han surgido. En esencia, actúan como una solución intermedia entre la negociación directa y procesos más complejos como el arbitraje o el litigio.
Su obligatoriedad depende del tipo de contrato y el monto involucrado. Por ejemplo:
- Contratos de obras: Son obligatorias para proyectos con valores superiores a S/ 10 millones. Para contratos entre S/ 5 millones y S/ 10 millones, su implementación es opcional, permitiendo flexibilidad en proyectos de mediana envergadura.
- Contratos de suministro: Su uso es facultativo, siempre que el monto sea mayor a S/ 10 millones.
La integración de estas juntas está diseñada para ser proporcional al tamaño y complejidad del proyecto:
- Para obras de gran envergadura, mayores a S/ 50 millones, se conforman por tres miembros, asegurando un análisis técnico más amplio.
- En proyectos más pequeños o en contratos de suministro, generalmente se asigna un único miembro, lo que permite mantener la eficiencia operativa sin sacrificar calidad.
Además, las JPRD no solo abordan disputas técnicas o contractuales; su enfoque preventivo implica intervenir desde las primeras señales de desacuerdo, facilitando soluciones antes de que los conflictos se conviertan en problemas más costosos y prolongados. Este mecanismo refuerza la seguridad jurídica, optimiza recursos y fomenta la transparencia en la ejecución de los contratos públicos.
Principales cambios de la Ley Nº 32069
- Supuestos para interponer recurso de apelación en un proceso de selección: ahora es viable apelar la declaratoria de desierto.
- La garantía por recurso de apelación del 0.5% de la cuantía del procedimiento de selección o del ítem que desee impugnar hasta un máximo de 25 UIT.
- La eliminación de la responsabilidad del titular de la entidad por la autoridad de gestión administrativa.
- La autorización de ejecución y pago de prestaciones adicionales de obras mayores a 15% hasta un máximo de 30% del monto originalmente contrato. Antes solo era hasta el 15%.
- La aceptación de la emisión de facturas negociables por parte de las micro y pequeñas empresas – el cual puede ser emitido por plazos no mayores a 180 días.
- En los contratos de ejecución de obra, los límites de indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad son establecidos en el contrato.
Importancia de las habilidades blandas en el rol del adjudicador
El éxito en el desempeño de un adjudicador no depende exclusivamente de su experiencia profesional y formación académica. La capacitación en habilidades blandas es igualmente crucial, ya que estas potencian la efectividad del proceso de resolución de controversias, fortaleciendo tanto la calidad de los resultados como la confianza en el mecanismo. Un adjudicador no solo interactúa con normas y documentos, sino también con personas que enfrentan conflictos cargados de emociones, tensiones y expectativas. Por ello, habilidades como la comunicación efectiva y la escucha activa son esenciales para garantizar que las partes se sientan escuchadas, comprendidas y respetadas, promoviendo un ambiente de confianza y aceptación de las decisiones.
El manejo de tensiones y desacuerdos entre las partes requiere una sólida capacidad en gestión de conflictos y negociación, competencias que previenen la escalada innecesaria de disputas, protegiendo los plazos y asegurando resultados de calidad. Sin estas habilidades, incluso los procesos mejor diseñados pueden perder efectividad y credibilidad. Además, la toma de decisiones no solo exige un análisis técnico riguroso, sino también la capacidad de comunicar de manera clara y comprensible las razones detrás de cada resolución. Esto refuerza la percepción de imparcialidad y profesionalismo, elementos fundamentales para la legitimidad del proceso.
En escenarios complejos, marcados por plazos ajustados y un volumen significativo de pruebas, habilidades como la gestión del tiempo y el pensamiento crítico son determinantes para garantizar decisiones oportunas y bien fundamentadas. Igualmente, el liderazgo desempeña un papel clave al permitir al adjudicador coordinar audiencias, mantener el control del proceso y fomentar la colaboración entre las partes involucradas y otros actores clave.
Las habilidades blandas no son un complemento opcional, sino un componente indispensable en el desempeño del adjudicador. Estas no solo refuerzan su capacidad técnica, sino que lo convierten en un facilitador de soluciones justas, eficientes y sostenibles. En un entorno donde la confianza y la percepción de justicia son pilares esenciales, las habilidades blandas elevan el rol del adjudicador más allá del cumplimiento técnico, posicionándolo como un actor clave en la construcción de procesos más humanos y efectivos.
Conclusión
La implementación de las JPRD bajo el marco de la Ley 32069 representa un avance significativo en la gestión de conflictos en contratación pública. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de la calidad de los adjudicadores que las conforman. Para garantizar procesos efectivos y justos, es indispensable que estos profesionales no solo cumplan con los requisitos técnicos y normativos, sino que también se capaciten en habilidades blandas que les permitan gestionar las complejidades humanas inherentes a cualquier controversia. Solo así se puede asegurar que las JPRD cumplan su función de prevenir y resolver disputas de manera ágil, eficiente y transparente, fortaleciendo la confianza en los procesos de contratación pública en el Perú.
