Introducción
Perú vuelve a enfrentar un arbitraje internacional ante el CIADI, esta vez fue Promigas, la empresa colombiana que tiene un contrato de concesión con el Estado peruano para administrar el gas natural en el norte del país. Las razones son diversas y, como se ha visto anteriores veces, giran en torno al fracaso en las negociaciones entre el Estado y la empresa inversora que podrían poner en jaque el futuro de este contrato de concesión, y por ende el servicio de gas natural en todo el norte del país.
El problema comienza el mes de diciembre de 2024, cuando el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), emitió una resolución donde establecía nuevas tarifas para la concesión con Promigas para el periodo 2025-2028, las cuales lograban establecer cuotas un 32% más bajas para la población del norte. Ante esto, Promigas emitió un recurso de reconsideración debido a que, según ellos, la nueva tarifa no reconocía sus inversiones realizadas por 340 millones de dólares, ni permitía cubrir por completo sus operaciones.
Ante la falta de consenso y tras advertir sobre la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional contra el CIADI, Promigas indicó que procedería con esta acción si no se atendían sus reclamaciones. Miguel Maal Pacini, gerente general de Quavii –marca comercial de Promigas en Perú–, confirmó que la empresa llevaría el caso ante el CIADI, convirtiéndose en un nuevo proceso arbitral para el Estado peruano.
Puntos clave del caso:
- Agotamiento de la vía administrativa: Al no llegar a un acuerdo en la tarifa, ambas partes deben de resolver amistosamente sus controversias por medio de trato directo, por un periodo de noventa días calendario como máximo, según lo establecido en el mismo contrato de concesión. Ese plazo está pronto a vencerse, y Promigas se decidió a iniciar arbitraje ante el CIADI apenas tenga la posibilidad.
- Negociaciones truncas: Promigas había presentado documentos a Osinergmin sustentando que la tarifa pre-publicada no reconocía los costos reales y eficientes de la inversión, proponiendo una tarifa de $12/MMBTU. De esta manera el 27 de diciembre de 2024, el ente regulador hace un ajuste, situando la tarifa en $8.16/MMBTU, aún lejos de la propuesta de Promigas. Las siguientes negociaciones simplemente no pudieron acercar más las tarifas, debido a las posiciones de ambas partes. Para el gerente general de Promigas, estas acciones desincentivan futuras inversiones, deja muchas inquietudes de la estabilidad regulatoria e incluso se podría catalogar como una expropiación.
- Argumentos de Osinergmin: Por su parte, Osinergmin defiende la metodología utilizada para el cálculo tarifario. Entre otros aspectos, la entidad considera 25 camiones cisterna de gas natural licuado (GNL) para el transporte virtual, mientras que la empresa alega que cuenta con 70. Esta discrepancia responde, según el regulador, a la utilización efectiva de las unidades. Además, Osinergmin sostiene que la reducción de tarifas fomentará un incremento en la demanda de gas natural, lo que generará mayores ingresos para la concesionaria. Para sustentar esta proyección, la entidad menciona la existencia de siete nuevos contratos con el sector pesquero.
- Arbitraje internacional: Dado que no se ha logrado un consenso y ambas partes mantienen posturas divergentes, Promigas ha decidido recurrir al CIADI para buscar el reconocimiento de su propuesta tarifaria y garantizar la rentabilidad de sus inversiones en Perú.
Antecedentes similares
El conflicto entre Promigas y el Estado peruano recuerda una situación similar ocurrida en 1997, cuando las tarifas de distribución eléctrica generaron una controversia entre la Comisión de Tarifas de Energía (CTE) y las recién privatizadas Edelnor y Luz del Sur. En ese caso, Edelnor presentó un recurso de reconsideración ante la CTE, que propuso una solución intermedia respaldada por sus propios argumentos técnicos.
Estos antecedentes demuestran que la regulación tarifaria en contratos concesionados es un tema complejo, que requiere negociaciones detalladas y un equilibrio entre la rentabilidad empresarial y el acceso a servicios públicos a tarifas razonables.
¿Por qué es relevante?
Con este, sería otro proceso arbitral que el Perú obtiene este comienzo de año, sumado al de Brookfield, a través del CIADI, y ello generaría riesgos al Perú, desde una perspectiva general, como destino para las inversiones internacionales, y desde una perspectiva particular y técnica, a la dificultad de las entidades para lograr una adecuada negociación con las empresas concesionadas para este tipo de casos.
También es importante mencionar las declaraciones de Promigas, el cual amenazó con irse de la concesión, teniendo el Estado que transferirle a alguien más en caso dicho suceso pase, y probablemente se lo realice a Petroperú. Anteriormente Petroperú ya actuó como receptor de un contrato de concesión que devolvió la empresa Naturgy, en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, pero hasta ahora no hubo mayor avance para extender las redes de gas presentes en estas regiones, y no se esperaría un mejor panorama en la región que ahora maneja Promigas.
Por estas razones, el resultado de este arbitraje podría sentar un precedente clave para futuras negociaciones entre el Estado y empresas concesionarias en el sector energético.
Será importantísimo entonces el observar el desarrollo del proceso, los argumentos presentados por ambas partes y la estrategia del gobierno para enfrentar esta nueva controversia internacional, ¿será otro proceso arbitral que pierde el Perú y daña nuestra reputación ante los inversores, o se logra llegar a un consenso y así el salvar el contrato de concesión? Todo dependerá de la estrategia del Estado.
