Un fallo que no admite apelaciones
Lo que comenzó como un conflicto local por el cobro de peajes en Lima ha terminado por convertirse en un caso emblemático de arbitraje internacional. Esta semana, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó dos laudos que obligan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a pagar cerca de doscientos millones de dólares (US$ 200’000’000) al consorcio Rutas de Lima. El tribunal estadounidense rechazó categóricamente el recurso interpuesto por la Municipalidad, ratificando así dos laudos arbitrales dictados previamente a favor de la concesionaria.
El fallo que confirma la reciente sentencia fue emitido el 24 de junio de 2025, y representa la culminación de un proceso que se remonta a 2020. En ese año, el primer tribunal arbitral falló a favor del consorcio, argumentando que la Municipalidad había vulnerado las condiciones contractuales al suspender unilateralmente el cobro de peajes y al negarse a aplicar los ajustes tarifarios previstos en el contrato de concesión. Dos años después, en 2022, un segundo laudo ratificó el incumplimiento de obligaciones contractuales, sumando millones más a la cuenta por pagar.
¿Qué originó esta millonaria disputa?
El conflicto comenzó en 2017, cuando diversas protestas vecinales —principalmente en el distrito de Puente Piedra— llevaron a que la Municipalidad de Lima suspendiera el cobro del peaje ubicado en esa zona. Esta decisión, tomada inicialmente bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio y respaldada posteriormente por sus sucesores, fue vista por el consorcio Rutas de Lima como un incumplimiento grave del contrato con suma razón.
El contrato en cuestión había sido firmado en 2013, durante la administración de Susana Villarán, con el objetivo de mejorar y mantener tres de las más importantes vías: Av. Ramiro Prialé, Av. Panamericana Norte y Av. Panamericana Sur. Como parte del acuerdo, Rutas de Lima debía realizar inversiones a cambio de la administración y cobro de peajes por un plazo de 30 años. No obstante, la cancelación del cobro y la falta de ajuste tarifario dejaron al consorcio sin los ingresos proyectados, motivo por el cual se activaron los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato, en este caso, bajo reglas de arbitraje internacional (UNCITRAL).
Sobre los presuntos actos de corrupción
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Municipalidad de Lima en su apelación fue que el contrato original estaba viciado de nulidad debido a presuntos actos de corrupción vinculados a la constructora Odebrecht, accionista original del consorcio. La defensa municipal señaló que hubo sobornos pagados a funcionarios municipales, entre ellos la entonces alcaldesa Susana Villarán, para facilitar la concesión.
Sin embargo, ni los tribunales arbitrales ni la Corte de Apelaciones de Estados Unidos consideraron suficiente esta acusación. Según sus conclusiones, si bien existieron investigaciones penales en curso en el Perú, no se había demostrado de forma concreta que dichos actos de corrupción invalidaran el contrato o que hubieran influido directamente en los términos de la concesión. Para los jueces, el argumento no tenía sustento jurídico para anular los efectos del contrato ni para revertir las obligaciones económicas asumidas por la comuna.
La defensa legal de la MML y nuevas aristas abiertas
Con esta reciente derrota, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga enfrenta una dura carga política y financiera. Para intentar revertir los efectos del fallo, la MML contrató al prestigioso estudio estadounidense Boies Schiller Flexner LLP, cuyo socio, Martin De Luca, cuestionó la imparcialidad de la firma anterior que defendió al municipio (Foley Hoag), alegando un conflicto de interés por supuestos vínculos con Brookfield, actual socio mayoritario de Rutas de Lima.
No obstante, el tribunal de EE. UU. consideró que estas objeciones eran “débiles” y no demostraban ningún perjuicio real. Mientras tanto, los problemas legales se multiplican. El propio Brookfield ha presentado una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado peruano por un monto que asciende a US$ 2 700 millones, alegando que el Estado —a través de sus municipalidades— ha violado los principios que rigen el contrato de concesión y ha interferido injustificadamente en la operación de sus inversiones en el país.
¿Y ahora qué?
Con la ratificación de los laudos, la Municipalidad de Lima debe ahora enfrentar una obligación inmediata que podría comprometer su ya limitada capacidad presupuestal. El pago de US$ 200 millones representa no solo un golpe económico, sino también un revés para la narrativa política del alcalde López Aliaga, quien desde inicios de su gestión ha prometido “liberar” a la ciudad de contratos “corruptos” e injustos.
Más allá de lo jurídico, este caso plantea una situación en la que el conflicto entre concesionaria, Municipalidad y población parece ser de no acabar. Lima no solo ha perdido en los tribunales, sino también ha encendido alertas entre inversionistas internacionales que observan con preocupación cómo se manejan las concesiones y arbitrajes en el país. Es realmente alarmante que en nuestro país no se respeten los derechos que emanan de un contrato a un grupo empresarial que invierte en proyectos a nivel nacional, consecuentemente, se podría ahuyentar la inversión extranjera que dinamiza, en muchos casos, la economía nacional.
El conflicto aún no termina. Un tercer arbitraje sigue su curso, y el desenlace en el CIADI podría tener implicancias incluso mayores. Por ahora, lo único cierto es que la comuna limeña deberá asumir una factura millonaria, resultado de decisiones locales, movimientos poblacionales, interpretaciones legales y la obligatoriedad de los contratos internacionales.
