Introducción
En el Perú, el desarrollo de infraestructura pública ha estado históricamente marcado por serias deficiencias de gestión, reflejadas en la alarmante cifra de más de 2,000 obras paralizadas, según datos recientes de la Contraloría General de la República. Esta realidad pone en evidencia la necesidad urgente de replantear los mecanismos contractuales que rigen la ejecución de proyectos complejos, muchos de los cuales terminan encallados por conflictos, desfinanciamiento, o contratos mal estructurados. Frente a esta problemática, surge una alternativa innovadora y con respaldo internacional: los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, como FIDIC y NEC.
Estos contratos no son simples formatos administrativos, sino herramientas de gestión de proyectos modernas y colaborativas, que permiten a las partes involucradas gestionar riesgos, coordinar mejor sus esfuerzos y prever conflictos antes de que escalen. El Perú ha comenzado a adoptar esta práctica, especialmente a través de mecanismos como los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) y los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP). Más recientemente, la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 32069) abre la puerta a su uso masivo, marcando un cambio de paradigma hacia una contratación pública más eficiente, predecible y orientada a resultados.
Este artículo ofrece una mirada completa al origen, fundamentos y aplicación práctica de los contratos estandarizados en el Perú, con énfasis en FIDIC y NEC, sus diferencias, sus aportes concretos en experiencias como los Juegos Panamericanos, y los retos normativos y culturales que aún quedan por enfrentar.
El origen de un lenguaje contractual común
Los contratos estandarizados de ingeniería y construcción nacieron como respuesta a la creciente necesidad de ejecutar proyectos internacionales complejos en entornos multiculturales y jurídicamente diversos. Desde mediados del siglo XX, el avance de la globalización y el aumento de grandes obras de infraestructura obligaron a buscar un “lenguaje común” que permitiera a gobiernos, contratistas, ingenieros y financiadores operar bajo reglas claras, predecibles y universalmente comprendidas.
En este contexto surgieron entidades como la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) y el Institution of Civil Engineers (ICE) del Reino Unido, responsables de desarrollar modelos contractuales estandarizados ampliamente reconocidos. FIDIC y NEC, en particular, fueron diseñados no solo como documentos legales, sino como herramientas de gestión de proyectos que asignan riesgos de forma equilibrada, promueven la transparencia, y reducen la conflictividad mediante procesos colaborativos y procedimientos claros.
Desde una óptica jurídica, estos contratos funcionan como contratos de adhesión de derecho privado: son proformas elaboradas por expertos que las partes pueden adoptar voluntariamente, adaptándolas a su proyecto específico sin vulnerar las normas imperativas del ordenamiento nacional. Se trata de verdaderos contratos de construcción, ideales para obras de gran escala que requieren planificación, especialización técnica y coordinación continua entre los actores del proyecto.
FIDIC: El arte de asignar los riesgos con equilibrio
La familia de contratos FIDIC, creada por la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, ha sido adoptada como estándar internacional en proyectos financiados por organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Su propuesta se basa en una premisa poderosa: cada riesgo debe ser asumido por quien esté mejor posicionado para gestionarlo o mitigar sus consecuencias al menor costo. Este enfoque permite una distribución equilibrada de responsabilidades y una mayor predictibilidad durante el desarrollo del proyecto.
FIDIC ofrece distintas versiones de contratos, conocidas como la “Suite del Arcoíris”, donde cada color representa un modelo distinto según el tipo de proyecto y el nivel de responsabilidad de las partes. El Libro Rojo se emplea cuando el diseño es elaborado por el cliente, mientras que el Libro Amarillo es ideal para contratos de diseño y construcción, donde el contratista asume ambas tareas. El Libro Plateado se usa en contratos llave en mano o EPC, donde el contratista entrega una obra lista para operar con mínima intervención del cliente.
Además, existen modelos como el Libro Verde, diseñado para proyectos más simples o de rápida ejecución, y el Libro de Oro, que regula contratos que incluyen la operación de la infraestructura una vez terminada. La flexibilidad de esta familia contractual permite adaptarse a distintas necesidades, niveles de riesgo y objetivos de desempeño, consolidando a FIDIC como una referencia global en obras públicas y privadas.
NEC: Colaboración y gestión proactiva
A diferencia de FIDIC, cuya fortaleza está en la asignación equilibrada de riesgos, los contratos NEC (New Engineering Contract) se distinguen por su enfoque profundamente colaborativo y orientado a la gestión proactiva. Diseñados en el Reino Unido por el Institution of Civil Engineers, estos contratos nacieron como respuesta a los frecuentes conflictos y retrasos en las obras públicas británicas. Su filosofía se basa en cuatro pilares: flexibilidad, simplicidad, buena gestión y colaboración entre las partes.
Una de las herramientas más emblemáticas de NEC es el mecanismo de "alerta temprana", que obliga a contratista y cliente a notificar cualquier riesgo potencial apenas este se identifique. Este procedimiento busca anticipar los problemas y resolverlos antes de que escalen, promoviendo un ambiente de cooperación que reduce litigios y mejora los resultados. Además, los contratos NEC emplean un lenguaje claro, directo y accesible, diseñado para que el documento sea útil no solo para abogados, sino para todo el equipo de proyecto.
La experiencia peruana: Los G2G como catalizadores del cambio
En el Perú, la adopción de contratos estandarizados encontró un punto de inflexión en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Ante el reto de entregar infraestructura deportiva en plazos muy ajustados y con altos estándares de calidad, el Estado peruano optó por celebrar un Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con el Reino Unido. Este mecanismo no solo permitió importar conocimiento técnico, sino también implementar un nuevo modelo de gestión de inversiones públicas basado en eficiencia, transparencia y colaboración.
El G2G incluyó el uso de una Project Management Office (PMO), asistencia técnica de expertos internacionales y la aplicación de contratos NEC3 bajo la Opción F, un esquema de gestión que otorgó al contratista responsabilidades amplias de ejecución mediante subcontratación. El resultado fue notable: todas las obras fueron entregadas a tiempo, con costos controlados y sin controversias judiciales graves, demostrando que la eficiencia en la obra pública es posible en el Perú si se adoptan herramientas adecuadas.
Este modelo fue posteriormente replicado con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) y más adelante con la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Ambas entidades heredaron los principios de gobernanza, control y contratación promovidos en Lima 2019. Además, se impulsó el uso de contratos FIDIC y NEC como política pública, sentando las bases de una transformación profunda en la forma de planificar y ejecutar proyectos complejos en el país.
Hacia el futuro: Desafíos normativos y culturales
La consolidación del uso de contratos estandarizados en el Perú ha dado un paso decisivo con la promulgación de la Ley Nº 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas, que entrará en vigor en marzo de 2025. Esta norma habilita expresamente a todas las entidades públicas, sin importar su nivel de gobierno, a utilizar contratos estandarizados de uso internacional para obras de complejidad técnica, un concepto que deberá ser definido en el reglamento correspondiente. Asimismo, establece la obligación de elaborar una Estrategia de Contratación previa, que incluirá el análisis de pertinencia de aplicar un modelo como FIDIC o NEC en cada caso.
Este marco normativo representa una innovación legislativa importante, pero su implementación real dependerá de superar varios desafíos. Uno de ellos es la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de las entidades públicas, muchas de las cuales no cuentan con personal capacitado para administrar contratos complejos ni con asesoría legal especializada. Además, será necesario revisar posibles contradicciones en la normativa, como el límite del 50% para modificaciones contractuales, que podría entrar en conflicto con la flexibilidad que requieren los modelos NEC.
Otro reto relevante será la armonización de los mecanismos de solución de controversias previstos en los contratos estandarizados —como los Dispute Adjudication Boards (DABs)— con el marco legal peruano y con el sistema de defensa jurídica del Estado. Todo esto exige no solo ajustes reglamentarios, sino también un cambio profundo en la cultura institucional, que debe dejar atrás prácticas burocráticas y reactivas para adoptar una verdadera gestión estratégica de proyectos.
En conclusión, el Perú tiene hoy una oportunidad histórica para transformar su sistema de contratación pública. Los contratos estandarizados no son una panacea, pero sí una herramienta poderosa para ejecutar obras con mayor eficiencia, menor conflictividad y mejores resultados. Su éxito, sin embargo, dependerá de reglamentaciones claras, voluntad política, formación técnica y una cultura de gestión orientada a resultados. Solo así podremos cerrar las brechas de infraestructura con transparencia, calidad y justicia para todos los peruanos.
