Introducción
Introducción
Este es el intento del Congreso que, a través de la Comisión de Fiscalización, plantea que todos los contratos con el Estado, incluidos aquellos Gobierno a Gobierno (G2G) sean transparentados y se publiquen para reforzar el sistema que actualmente se sirve del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) o el Registro Nacional de Contratos APP. Los únicos acuerdos que no serán de conocimiento público serán aquellos que versen sobre seguridad nacional.
¿Qué pasó?
En una sesión unánime, se aprobó el dictamen que insiste en la autógrafa del Proyecto de Ley 0450/2022–CR. Durante el debate, los congresistas resaltaron que esta medida fortalece los principios de transparencia y control ciudadano. El congresista Carlos Zeballos (Bloque Magisterial) enfatizó en que “la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con sus recursos y presupuestos”, mientras que Burgos Oliveros subrayó la importancia de fiscalizar el uso del dinero público.
¿Una mejora necesaria?
Actualmente, plataformas oficiales como SEACE y el Registro de Contratos APP ofrecen datos parciales o desorganizados que dificultan el acceso a información completa. Por ello, el dictamen propone que la norma exija que estos contratos estén disponibles en su totalidad y de manera comprensible para cualquier ciudadano.
Asimismo, se ordena que todas las contrataciones realizadas por la entidad sean publicadas en su sitio web oficial, siendo el titular del pliego responsable de su cumplimiento.
Se indica además que la publicación de estos contratos, a través de las páginas institucionales integradas en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (gob.pe), debe coordinarse con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en lo que respecta a su factibilidad técnica.
La Comisión también avanzó en reformas a la Ley 27482, que regula declaraciones juradas de bienes e ingresos de funcionarios, y a la Ley 29709, referida a la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Estas acciones reflejan un esfuerzo legislativo por ampliar los mecanismos de control y aumentar la confianza ciudadana.
En términos prácticos, si esta ley se aprueba, todos los contratos estatales, sin excepciones innecesarias, deberán ser accesibles públicamente. Esto permitirá a la ciudadanía, organizaciones civiles y a los órganos de control identificar malas prácticas, irregularidades o casos de corrupción que podrían estar ocultos en acuerdos silenciosos entre gobiernos.
Conclusión
Por último, es importante destacar que esta política de publicación no violaría la ley ni ahuyentaría la inversión privada, según fiscales de la comisión, quienes aseguran que al contrario, generaría un clima de mayor confianza en las instituciones.
Con esta iniciativa, el Congreso da un paso decisivo para que los ciudadanos puedan conocer cómo y con quién el Estado está contratando, incluyendo acuerdos con otros países. El único límite sería la protección sobre temas de seguridad nacional. En ese sentido, esta medida tendría el potencial de transformar el sistema de contrataciones públicas hacia un modelo más abierto, transparente y confiable, logrando así, una contratación pública, aún más pública.
