Introducción
La mala contratación pública (entendida como procedimientos de selección viciados que derivan en sobrecostos significativos sin avances reales) ha sido señalada como factor clave en el colapso de numerosos proyectos de infraestructura en el Perú. En los últimos años la Contraloría General de la República (CGR) y diversos medios periodísticos han documentado casos en que la carencia de estudios técnicos adecuados, la falta de supervisión y los incumplimientos contractuales han provocado que obras de salud, educación y servicios básicos se paralicen mientras los costos se disparan. Es por esta razón por la que, en este artículo, se propone analizar tres importantes casos recientes, que ejemplifican este fenómeno, incluyendo datos contractuales, actores involucrados, hechos concretos y eventuales sanciones. Para el criterio de elección de estos tres casos se utilizó tanto su relevancia mediática como su importancia a la hora de explicar los usuales problemas que se tienen en la contratación pública para fracasar en su finalidad.
Caso 1: Hospital de Apoyo Pomabamba II-1 (Áncash)
El primer caso corresponde al Hospital de Apoyo Pomabamba II-1, un proyecto avalado en el marco de la Reconstrucción con Cambios. La entidad contratante original fue la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), asumida por la Autoridad Nacional Infraestructura (ANIN), y el contratista adjudicado (en consorcio o contratista principal) a través de un contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido para construir el hospital. El contrato contemplaba etapas de diseño, construcción y supervisión de la obra.
En abril de 2025 la Contraloría General divulgó un informe de control específico sobre esta obra. El servicio de control determinó que el expediente técnico original contenía múltiples deficiencias; dichas fallas fueron corregidas mediante sucesivos adicionales de obra, ampliación de plazo y reajustes de precios. Sin embargo, la CGR advirtió que faltó sustento técnico y legal para varios de estos cambios. En concreto, el contratista subcontrató la formulación de estudios sin contar con la autorización ni supervisión requerida, lo que dio lugar a pagos indebidos: la CGR identificó desembolsos injustificados por S/81, 817,391 (cifra pagada sin respaldo contractual válido). Esto quiere decir que el costo del proyecto pasó de la estimación original a un monto muy superior (según reportes, el presupuesto se cuadruplicó sin que se justifique proporcionalmente el avance de la ejecución de la obra) debido a estos reajustes. A la fecha del informe, la obra apenas registraba avances parciales, dejando en claro que esta obra está costando mucho más de lo que se debería, y dejando en muy mala posición a las autoridades encargadas de la contratación.
El informe de la Contraloría imputa presuntas responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios de ARCC/ANIN que aprobaron dichas adendas sin fundamento, aunque no se detallan los montos de las sanciones administrativas aplicadas. Cabe señalar que el perjuicio económico señalado por la Contraloría supera los S/81 millones. El informe fue comunicado a la ANIN para las acciones administrativas y a la Procuraduría especial a fin de evaluar responsabilidades (como suele suceder en casos de la PIRCC). En términos formales, el contrato fue rescindido ante el evidente incumplimiento del alcance pactado y la imposibilidad de continuar bajo las condiciones iniciales. Este caso ilustra cómo la ausencia de controles adecuados en la contratación (en la fase de diseño y supervisión) llevó a costos inflados y retrabajos, con una obra paralizada y daños millonarios para el erario.
Caso 2: Hospitales “Paquete 2” Yungay II-1 y Pomabamba II-1 (Áncash)
El caso anterior es solo una rama de un proyecto más grande, el cual involucra otro segmento de la reconstrucción en Áncash, denominado “Paquete 2” del sector Salud, compuesto por la implementación de los hospitales de apoyo de Yungay II-1 y Pomabamba II-1. Aunque por separado, ambos proyectos fueron licitados bajo esquema de ejecución directa con financiamiento estatal. En junio de 2024 la Contraloría emitió un informe de control concurrente sobre este paquete conjunto.
De entrada, el informe señala un aumento abrupto del presupuesto: la inversión inicial estimada (año 2019) era de S/245, 286,282, pero a mayo de 2024 el presupuesto actualizado llegó hasta S/933, 833,578, debido a sucesivas modificaciones (ampliaciones de alcance, adicionales de obra y nuevos diseños). Para Yungay II-1, la Contraloría detectó pagos sin sustento administrativo por S/9, 073,600. Concretamente, el contratista continuó ejecutando el proyecto a pesar de no haber registrado técnicamente la continuidad de los trabajos ante el ente supervisor; pese a ello, la entidad contratante aprobó pagos que la CGR consideró injustificados. En Pomabamba II-1 (Paquete 2), se identificaron S/10, 802, 487 igualmente abonados sin soporte adecuado.
Estos desembolsos excesivos ocurrieron sin que existieran indicadores de progreso proporcional: las deficiencias en los expedientes técnicos (cambios de diseño no acordes al monto) fueron directamente ligadas al incremento de costos. El informe advierte además que la cadena de pagos a subcontratistas estaba en riesgo de colapsar, pues la elevada cifra aprobada generó deudas pendientes; si los contratistas principales reducen o dejan de financiar a subcontratistas, la obra se paralizaría definitivamente.
En cuanto a consecuencias legales, el reporte fue enviado a las instancias respectivas de ARCC/ANIN para que tomen medidas correctivas; la Contraloría exhortó a suspender pagos sin sustento y a revisar la viabilidad de la adjudicación original. No se comunicó públicamente sanción definitiva, pero este caso ya ha sido citado en el Congreso y en medios como un ejemplo de la falta de racionalidad en el esquema Gobierno a Gobierno, donde los controles peruanos no impidieron sobrecostos altísimos. En términos contractuales, se ha cuestionado la racionalidad económica de sostener estos contratos ante la magnitud del sobreprecio, abriendo camino a posibles terminaciones anticipadas o procesos administrativos contra los ejecutores de la obra.
Caso 3: Nueva sede del Gobierno Regional de Moquegua
El tercer caso corresponde a una obra por impuestos: la nueva sede central del Gobierno Regional de Moquegua, cuya ejecución fue adjudicada al Consorcio Sierra del Sur. La modalidad “obras por impuestos” permitía al consorcio invitar obras de infraestructura a cambio de créditos fiscales. El periodo de ejecución abarcó 2013-2021 (iniciándose en la gestión regional anterior).
En febrero de 2025 la Contraloría divulgó los hallazgos de una auditoría de cumplimiento (informe 28122-2024-CG/APP) sobre esta obra. El órgano de control concluyó que la Dirección Regional de Agricultura (órgano responsable) incurrió en múltiples irregularidades: aprobó pagos por instalaciones y tuberías no instaladas (pago indebido de S/389, 618), aplicó indebidamente un índice unificado erróneo para recalcular costos (sobrecosto de S/80 ,417), y extendió plazos sin justificación (se aprobó una segunda adenda de supervisión por S/566, 684). Adicionalmente, parte de la obra (como drenaje subterráneo) fue ejecutada por administración directa de la propia región, pero resultó defectuosa (fugas y falta de buzones), obligando luego a correcciones con un gasto adicional de S/1, 300, 000. En conjunto, la Contraloría estimó que los sobrecostos y pagos indebidos ocasionaron un perjuicio económico a la entidad por S/1, 036, 720.
Respecto de la responsabilidad legal, el informe atribuyó presunta responsabilidad civil y penal a cinco exfuncionarios regionales involucrados en la aprobación y supervisión deficiente. Esto significa que el caso ha sido elevado a la Procuraduría o a fiscalía anticorrupción para la investigación respectiva. En lo administrativo, se da cuenta de posibles sanciones (multas y destituciones) contra los implicados. El caso de Moquegua no implicó una paralización total de la obra, pero ejemplifica cómo la combinación de pagos injustificados y ausencia de supervisión técnica puede inflar costos sin mejora en la obra ejecutada. El nuevo edificio fue entregado, pero con obras subsanadas; sin embargo, los remanentes de inversión crecen y quedarán a cargo de la gestión regional que asumió en 2022.
¿Qué sacamos de estos 3 casos? El problema de las obras paralizadas
Las cifras oficiales más recientes revelan un panorama preocupante a nivel nacional. De acuerdo con el Informe de Obras Públicas Paralizadas al 31 de diciembre de 2024 elaborado por la CGR, existen 2, 476 obras estatales paralizadas en el país, con un costo total actualizado de más de S/ 43 mil millones. De dicho monto, alrededor de S/ 22 mil 601 millones aún deben invertirse para culminarlas. Estas cifras incluyen obras de todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). En particular, a nivel local se concentra la mayor cantidad de proyectos detenidos (1 782 obras por S/9, 798 millones), pero si hablamos de la cantidad de saldo faltante por ejecutar, los gobiernos regionales cuentan con más de S/ 10 mil millones sin ejecutar aún.
En cuanto a las causas declaradas por las propias entidades ejecutoras, la Contraloría identifica en su informe las principales razones de paralización: incumplimiento contractual (sobre todo por parte de los contratistas, 25.4% de los casos), falta de recursos financieros (21.2%), y deficiencias en los expedientes técnicos (10.9%). Otras causas importantes incluyen abandono de obra (10.0%) y controversias legales (9.1%) – este último rubro agrupa disputas contractuales que a menudo involucran reclamos ante tribunales o arbitrajes. Un hallazgo adicional es que la modalidad contractual más prevalente en las obras paralizadas es la contratación por obra a precio alzado; según el informe, el 98.5% de las 2 476 obras corresponden a proyectos bajo régimen de contrata (es decir, adjudicadas a contratistas externos), frente a solo 1.5% por administración directa. Dicho de otro modo, la práctica general ha sido licitar las obras a empresas privadas, y son estos contratos los que acumulan virtualmente la totalidad de los casos paralizados (junto con un pequeño porcentaje de ejecutores públicos mediante administración directa).
Como contrapunto, estudios de gremios de ingeniería han señalado que parte del problema radica en otorgar obras sin la planificación adecuada: por ejemplo, un informe periodístico de junio 2023 resumía que en 2023 la Contraloría había detectado alrededor de 1 770 obras paralizadas (12 000 millones de S/), atribuyendo al exceso de «administración directa» y la subfinanciación de la etapa de preinversión (expedientes técnicos hechos a precio de saldo) como causas frecuentes. Si bien estos porcentajes difieren de los datos de fines de 2024, la tendencia general es coincidente: costos reducidos en los diseños, falta de viabilidad presupuestal y conflictos con contratistas son las raíces de la paralización.
Conclusiones
La revisión de los casos del Hospital de Pomabamba II-1, los hospitales del Paquete 2 de Áncash y la sede del Gobierno Regional de Moquegua permite evidenciar un patrón recurrente en las contrataciones públicas de obras en el Perú: la insuficiencia en la fase preparatoria (expedientes técnicos mal elaborados), deficiente supervisión y ausencia de controles efectivos durante la ejecución, así como la autorización de pagos indebidos o sobrecostos no sustentados. En todos los casos analizados, los contratos fueron firmados bajo expectativas de eficiencia y modernización de servicios esenciales (salud, infraestructura institucional), pero terminaron convertidos en ejemplos paradigmáticos de cómo una contratación pública mal gestionada puede traducirse en millones de soles perdidos sin un avance real de obra. Esta es, precisamente, la esencia de la mala contratación pública: costos crecientes, metas incumplidas y una afectación directa a la ciudadanía.
Las cifras nacionales refuerzan esta preocupación: más de 2,400 obras paralizadas, con más de S/43 mil millones comprometidos, evidencian un sistema que aún no logra cumplir los fines de eficiencia, oportunidad y economía que exige el marco constitucional y legal peruano. Las causas más frecuentes de paralización —incumplimiento de contrato, falta de financiamiento y expedientes técnicos deficientes— son resultado directo de decisiones mal adoptadas desde la licitación, que luego se agravan en la ejecución al carecer de mecanismos efectivos de solución de disputas oportuna. En muchos casos, los conflictos escalan a niveles donde la única salida posible es la terminación anticipada del contrato o la judicialización del conflicto, con el consecuente abandono del proyecto.
La reflexión final es ineludible: una contratación pública de obras que no se concreta o que se paraliza no solo afecta a las partes contratantes, sino a toda la sociedad. Los hospitales sin terminar, las sedes institucionales defectuosas o los colegios inoperativos son más que fallas administrativas; son fracasos en la promesa del Estado de atender derechos fundamentales, como la salud, la educación o el acceso a servicios públicos. Completar los contratos no es solo un asunto de interés económico o técnico, sino de justicia social. Cada obra inconclusa es una oportunidad perdida para transformar positivamente la vida de miles de personas. Por ello, fortalecer los procesos de contratación pública, profesionalizar a los operadores y sancionar con firmeza las malas prácticas no es solo una necesidad jurídica, sino un imperativo moral.
